C o n t e x t o
El conflicto armado interno en Colombia es un periodo en curso desde 1960 caracterizado por una guerra asimétrica de baja intensidad por grupos armados que se desarrolla en territorio colombiano entre el Estado junto a grupos paramilitares de extrema derecha contra guerrillas de extrema izquierda, sumándose los carteles de la droga y las bandas criminales. Ha pasado por varias etapas de brutalidad,y recrudecimiento cuando los diferentes actores armados han centrado sus ataques en la población civil: genocidios, desplazamiento forzado, asesinatos selectivos, secuestros y el terrorismo gracias al financiamiento de las actividades derivadas del narcotráfico. Colombia pasó de ser un país cafetero a país minero (carbón, petróleo y oro) y cocalero, con el dinamismo de nuevos sectores de la agroindustria.
La época en la que se ubica el mayor recrudecimiento ocurrió entre 1988 y 2003, El punto más alto se presenta durante la presidencia de Andrés Pastrana y el gobierno de Álvaro Uribe, enfrentando la Fuerza Pública a los grupos insurgentes y paramilitares, los carteles del narcotráfico y las bandas criminales.
La desmovilización de los grupos paramilitares se lleva a cabo entre 2003 y 2006, además de la desmovilización de la guerrilla más grande del país (las FARC) entre 2016 y 2017 y, sumado al debilitamiento de la guerrilla del ELN, se presenta un descenso en la intensidad del conflicto. No obstante, las estructuras disidentes de paramilitares y de las FARC pasaron a ser conocidos antes como Bandas Criminales o Bacrim (hoy llamados Grupos Armados Organizados, GAO). En el caso de las disidencias de las FARC, se les agrega el término Residuales. A pesar de tener origen guerrillero, la disidencia del EPL se le considera una Bacrim o GAO por dedicarse exclusivamente al negocio del narcotráfico mientras que el ELN todavía conserva capacidad de acción y confrontación en ciertos lugares del país, y gobiernos como el de Iván Duque busca darle estatus de GAO a este grupo insurgente.
U n d e s t e l l o d e l u z
Proceso de paz con las FARC
En septiembre de 2012, el gobierno de Juan Manuel Santos empezó formalmente los diálogos de paz con la guerrilla de las FARC que se desarrollaron en La Habana, Cuba; pero para llegar a este punto se tuvo que llegar a dos momentos decisivos. Primero, la muerte en septiembre de 2010 (un mes después de asumir la presidencia) del jefe militar de este grupo subversivo; Jorge Briceño Suárez, alias ‘Mono Jojoy’, en el marco de la Operación Sodoma, en zona rural del municipio de La Macarena (Meta), así como también de numerosos guerrilleros que eran parte de su esquema de seguridad; en ese momento ya se habían iniciado contactos entre las partes para una fase exploratoria. La otra acción importante contra este grupo subversivo es la caída en combate de Guillermo León Sáenz Vargas, alias ‘Alfonso Cano’, entonces comandante en jefe de las FARC, quien asumió tras la muerte en 2008 por causas naturales de Manuel Marulanda Vélez, alias ‘Tirofijo’; operativo realizado en el año 2011 bajo el nombre de Operación Odiseo en el departamento del Cauca. En respuesta a estos ataques, las FARC realizaron una serie de ataques furtivos contra soldados y policías, en varios casos en forma de emboscadas, como el ocurrido en zona rural del municipio de Buenos Aires (Cauca), donde mataron a 10 militares que acampaban en una cancha, hecho ocurrido en abril de 2015, poniendo en riesgo los diálogos en La Habana; pero el hecho más recordado por la opinión pública es el atentado terrorista en 2012 contra el Ex-ministro del Interior y Justicia; Fernando Londoño Hoyos, en la ciudad de Bogotá, provocando la muerte de 2 de sus escoltas y varios civiles heridos. Otras emboscadas de parte de las FARC contra la Fuerza Púbica ocurrieron en Caranal (Arauca), asesinando 15 uniformados en julio de 2013; La Montañita (Caquetá) en abril de 2012, y Tierradentro (Córdoba), matando 7 policías en septiembre de 2014.
Luego de varios meses de incertidumbre esperando el rescate y/o liberación voluntaria de los secuestrados, y pese al rechazo de los colombianos a los Acuerdos de La Habana con la guerrilla de las FARC en el plebiscito del 2 de octubre; el 10 de octubre de 2016, el gobierno de Colombia y los negociadores del ELN anunciaron en conjunto el inicio formal de la mesa de diálogos en Caracas, Venezuela; programada para iniciar él 27 de ese mismo mes en Quito, Ecuador; pero como a esa fecha el ELN no había liberado a Odín Sánchez, el gobierno ordenó la suspensión del inicio de los diálogos hasta que lo liberen. Por su parte, el ELN manifestó que no liberará al ex-congresista hasta que sean indultados dos guerrilleros presos en cárceles colombianas, que desempeñarán el papel de “gestores de paz” en el proceso; los cuales, según el grupo guerrillero, el gobierno se había comprometido liberar antes de iniciar la primera ronda de negociaciones. El 7 de febrero de 2017, luego del cumplimiento de condiciones de ambas partes, se instaló en Quito, oficialmente, la fase pública de negociación para la culminación del conflicto armado en medio de la guerra (con secuestrados por días, ataques al oleoducto Caño Limón-Coveñas en Arauca y asesinatos de soldados por francotiradores del ELN, además de bajas insurgentes en combates con el Ejército).
Iván Duque Márquez llega a la presidencia de la república gracias al respaldo dado por el expresidente y su movimiento político, obteniendo mayorías en el Senado gracias a los casi 900.000 votos que consiguió Uribe en las elecciones legislativas de 2018 repitiendo curul, consiguiendo de paso la mayor votación para un congresista en la historia de Colombia. Iván Duque gana en segunda vuelta presidencial las elecciones de 2018 ante Gustavo Petro, siendo la primera vez en la historia política de Colombia que un candidato de izquierda llega a esta instancia electoral. Duque, propone modificar los acuerdos de paz firmados por su antecesor y rival político de Uribe, Juan Manuel Santos, con la ex guerrilla de las FARC, corrigiendo lo que considera “fallas estructurales” del proceso de paz, poniendo en riesgo lo conseguido en La Habana, objetivo que no consigue al ser rechazadas por el Congreso las objeciones de la presidencia a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), tribunal especial creado para juzgar y castigar a los partícipes del conflicto armado.
El 17 de enero de 2019, tras un atentado con carro bomba perpetrado por el ELN contra la Escuela de Cadetes de Policía General Santander, que dejó como resultado 23 muertos (incluyendo el autor material) y casi 100 heridos, el presidente Duque ordenó reactivar las órdenes de captura a los 10 miembros del ELN que integraban la delegación de paz de ese grupo en Cuba, revocando la resolución que creaba las condiciones que permitían su permanencia en ese país; en consecuencia, el mandatario puso fin al proceso de paz que se venía realizando con esa guerrilla. Iván Duque exigió al gobierno cubano capturar a los miembros de la mesa negociadora del ELN que se encuentran en su país al reactivarse las circulares rojas de Interpol para que respondan ante la justicia, buscando obligar a este país a cumplir los compromisos adquiridos como miembro de esta organización internacional; por su parte, Cuba y Noruega, dos de los países garantes del proceso, manifestaron que respetarán los protocolos pactados entre el gobierno y el ELN en caso de rompimiento de los diálogos y que no implican entregar a las autoridades colombianas a los negociadores de paz del ELN. En respuesta, Duque manifestó que denunciará ante la ONU a Cuba por alojar y proteger a estos líderes guerrilleros, incluyendo a Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gabino, máximo comandante del ELN, quien se encuentra recibiendo tratamiento médico por parte de especialistas cubanos al servicio del gobierno de la isla. El 2 de febrero de 2019 al ser dado de baja alias Rodrigo Cadete, uno de los jefes que tenían en la región de la Amazonía, luego de un bombardeo que las Fuerzas Armadas realizarán a su facción en zona rural de San Vicente del Caguán, como parte de la Operación Zeus contra las disidencias en esta zona del país. Cadete se había acogido a los acuerdos de paz pero desertó, un año después de firmados, para ingresar a las disidencias del sur del país comandadas por alias Gentil Duarte, quien era el líder disidente más buscado del país hasta las deserciones de alias Iván Márquez, Jesús Santrich, Romaña y El Paisa.
El video
El proceso de paz con las FARC, quedó golpeado luego que en un vídeo publicado en redes sociales el 29 de agosto de 2019, filmado presuntamente en zona veredal de Inírida, aunque inteligencia nacional afirma que fue hecho presuntamente en Venezuela donde estarían escondidos, los alias Iván Márquez, Jesús Santrich, Romaña y El Paisa, entre otros, manifiestan públicamente su regreso a las armas debido a presuntos incumplimientos del gobierno con los Acuerdos de La Habana, en momentos en que alias Jesús Santrich lo investiga la Corte Suprema de Justicia por supuestamente conspirar para enviar cocaína después del 1 de diciembre de 2016 a Estados Unidos, quien hizo la solicitud formal de extradición del líder guerrillero. La solicitud de extradición se basó en el testimonio de Marlon Marín, sobrino de alias Iván Márquez, detenido en Estados Unidos en 2018 y testigo clave del proceso contra Jesús Santrich, quien era el enlace entre este y el Cártel de Sinaloa para la compra y venta de droga. Debido a que Márquez y Santrich fueron miembros del equipo negociador de las FARC durante el proceso de paz quedó en el aire la voluntad de paz de los 4 insurgentes cuando no se presentaban a los múltiples llamados de la JEP, pese a que Santrich estuvo detenido más de un año en la cárcel y la JEP le concedió libertad por falta de pruebas de la Fiscalía General de la Nación. Duque también manifestó que alias Iván Márquez escapó con sus compinches Romaña y El Paisa, quienes se refugiaron desde la captura de Marlon Marín en la Zona Veredal de Miravalle (Caquetá) y de ahí desaparecieron sin dejar rastro, debido a que estarían implicados también en narcotráfico después de la firma del acuerdo de paz, y que sería cuestión de tiempo para que sean también solicitados en extradición por Estados Unidos. Por los 4 insurgentes, el gobierno colombiano empezó a ofrecer una recompensa de $3 mil millones de pesos por información que conduzca a la captura de cada uno. Igualmente, solicitó sus expulsiones de la JEP y del partido político FARC, así como la reactivación de las órdenes de captura de parte de la Fiscalía y de las circulares rojas de Interpol, ratificando que denunciará ante la comunidad internacional a los países que les otorguen refugio en sus territorios, haciendo clara alusión al gobierno bolivariano de Nicolás Maduro y a quien no reconoce como legítimo, tildandolo de dictador.
Desde el 1 de enero de 2016 ha habido un aumento de la violencia contra líderes sociales, defensores de Derechos Humanos y excombatientes de las FARC luego de la firma de los Acuerdos de La Habana quienes, según la ONG Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), han sido asesinados por estructuras criminales organizadas y por personas con conductas que se oponen a la implementación de los acuerdos de paz, recurriendo a la violencia armada y a la estigmatización de los occisos por simpatizar con una ideología de izquierda, hechos ocurridos en 29 de los 33 departamentos del país. Indepaz ha contabilizado un total de 837 asesinatos, hasta mayo de 2019, (702 líderes sociales y defensores de Derechos Humanos y 135 excombatientes de las FARC).
De los 702 líderes asesinados, 170 eran líderes campesinos y 146 líderes indígenas. La violencia contra los excombatientes de las FARC se hace extensiva a sus familiares, siendo asesinados 35 de estos desde la firma de los acuerdos de paz. El 2018 ha sido el año más violento contra los líderes sociales y excombatientes con 282 y 75 personas respectivamente. Desde que asumió la presidencia Iván Duque han sido asesinados 193 líderes sociales y 43 excombatientes de las FARC hasta mayo de 2019.
Víctimas del conflicto
El conflicto armado colombiano ha generado miles de muertos, lisiados, secuestrados, y afectados por diferentes acciones terroristas una de las peores crisis de desplazamiento forzado en el mundo y desaparecidos, lo que ha conllevado a que Colombia sea clasificado como uno de los países más violentos del mundo y uno de los principales exportadores de drogas ilegales. Desde 1964 se han presentado innumerables combates, asaltos a bases militares, tomas de cabeceras municipales, masacres y atentados terroristas que han dejado miles de muertos, heridos o desaparecidos.
Según el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) entre el 1 de enero de 1970 y el primer trimestre de 1981, ocurrieron numerosos asesinatos, torturas, desapariciones y otras violaciones de los Derechos Humanos. “Desde 1970 hasta marzo de 1981 se presentaron 1053 asesinatos y 7571 casos de torturas provocados principalmente por las Fuerzas Armadas”.
Secuestros
Entre 1970 y 2010, se registraron 27.023 víctimas de secuestros de los cuales el 90.6% fueron realizados por grupos guerrilleros y el 9.4% por grupos paramilitares.
Desplazamiento forzado
Se destaca a Colombia entre los países del mundo con el mayor número de desplazados internos. Hasta mayo de 2011 el Gobierno de Colombia ha registrado a más de 3,7 millones de desplazados internos en el país. ONG como la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) consideran que la cifra real de desplazados por el conflicto armado interno desde mediados de los años 80 supera los 5 millones de personas.
Masacres
Entre 1985 y 2012, se registran 1982 casos que dejan 11.751 víctimas. Los grupos paramilitares realizan el 58.8%
Impacto ambiental
En relación con el impacto ambiental, un periodista británico que investigó sus efectos, reveló que la aspersión de los cultivos de coca había arrasado tanto la vegetación natural como sembrados lícitos (entre estos, 3000 hectáreas de cultivos alternativos). Aparte de estas pérdidas que afectan la supervivencia humana de la región la ayuda prometida de US$81millones para adelantar la sustitución de cultivos había ido aparar, presumiblemente, a manos de políticos corruptos. Por otro lado contradiciendo las aseveraciones del Plan Colombia según las cuales el glifosato es un herbicida inofensivo, tras cada fumigación aérea el hospital de Puerto Asís atendió numerosos casos de envenenamiento y de problemas respiratorios severos sobre todo de niños que habían entrado en contacto con el químico o habían bebido agua contaminada por este. También hay que tomar en cuenta las consecuencias que ha generado otra fuente de financiación de los grupos armados ilegales, aparte del narcotráfico y la extorsión, que ha tomado mucha fuerza a partir del año 2010: La minería ilegal, en especial, la explotación de oro. Consecuencias como la destrucción de la flora y fauna de los bosques donde se encuentran los yacimientos oríferos (Colombia es el segundo país con más biodiversidad en el planeta) por acción de las máquinas retroexcavadoras, además de la contaminación de las fuentes hídricas que abastecen la agricultura, la pesca y los acueductos de los municipios, producto de la incorrecta disposición final del mercurio y el cianuro, importantes para el hallazgo de oro.523
“Cuando solo tienes en tu corazon, no hay lugar para el ”